Emergencia en Discapacidad: media sanción, grieta encendida y acusaciones cruzadas en el Congreso
Con 148 votos afirmativos, 71 negativos y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. La iniciativa, impulsada por bloques opositores, logró avanzar pese al rechazo del oficialismo.
Entre sus puntos principales, la norma establece la actualización automática de las prestaciones arancelarias desde el 1° de diciembre de 2023, en base a la inflación acumulada. También se contempla la actualización mensual del nomenclador y el ajuste de las pensiones no contributivas por discapacidad de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El monto de estas pensiones seguirá representando el 70% del haber mínimo jubilatorio.
Durante el debate, la diputada radical Soledad Carrizo pidió dejar de lado las diferencias partidarias:
“Este sistema está necesitando que todos nosotros busquemos una salida coherente, para que las personas con discapacidad tengan lo que realmente necesitan”.
Desde el bloque Democracia para Siempre, Melina Giorgi sostuvo:
“El equilibrio fiscal no puede buscarse a través del ajuste en discapacidad. Estas personas tienen derechos y deben ser respetados”.
Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, reclamó medidas de fondo:
“El colectivo debe recibir lo que merece. Necesitamos cambios significativos que transformen su vida”.
Por su parte, Eduardo Valdés (Unión por la Patria) denunció la crítica situación del transporte para personas con discapacidad:
“Los transportistas no están pudiendo trabajar, les pagan apenas 500 pesos por kilómetro”.
El diputado peronista también señaló que su compromiso con la discapacidad surge del “compromiso con los padres, que solo sueñan con saber qué será de la vida de sus hijos cuando ellos no estén”.
Desde La Libertad Avanza, Santiago Pauli buscó despegar al Gobierno de Javier Milei de la crisis en el sector:
“En 2024, la inflación fue del 117% y el aumento del 99%. En 2023, la inflación fue del 211% y el aumento fue del 93%. La emergencia es toda de ustedes”.
Y fue más allá:
“No tienen autoridad moral para plantear soluciones. Usaron los recursos de discapacidad para hacer clientelismo político con presos, chantas y militantes. A mucha de esta gente se la manipulaba para asistir a actos”.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal del proyecto —en caso de convertirse en ley— se ubicaría entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, según la cantidad de nuevas altas que se generen (entre 493 mil y 946 mil beneficiarios). Además, se prevé una compensación de $278.323 millones por el desfase entre inflación y prestaciones en 2024, y un refuerzo de $7.160 millones para talleres de producción protegida.
La declaración de emergencia era un reclamo sostenido por organizaciones, familias y trabajadores del sector, que en los últimos meses se movilizaron en distintos puntos del país para exigir mejoras y actualización en las prestaciones y pensiones.
