Cambios en la Ley de Glaciares 2026: qué aprobó Diputados y cómo impacta en el agua y la minería en Argentina
Con 137 votos afirmativos, la Cámara de Diputados dio un paso clave al aprobar la reforma de la Ley de Glaciares, una de las normas ambientales más sensibles del país. El oficialismo consiguió el número gracias al respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, en una sesión marcada por el bajo perfil del Gobierno, la presencia de Karina Milei y una oposición que concentró sus críticas en el posible impacto ambiental.
La iniciativa ya contaba con media sanción del Senado y ahora avanza hacia su consolidación como nueva regulación del sistema de protección de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce.
Desde el Gobierno aseguran que el objetivo es “ordenar el marco normativo vigente” y evitar interpretaciones que, según su visión, frenaban el desarrollo productivo en distintas regiones. En esa línea, el proyecto propone redefinir qué áreas deben ser protegidas, poniendo el foco únicamente en aquellos glaciares que tengan una “función hídrica efectiva”.
Del otro lado, organizaciones ambientalistas, científicos y referentes de la sociedad civil advierten que la reforma implica un retroceso. Sostienen que limita la protección actual, delega en las provincias la decisión sobre qué zonas preservar y abre la puerta a actividades extractivas como la minería en áreas que antes estaban restringidas.
La ley original, sancionada en 2010, establece límites claros: prohíbe la exploración minera, la explotación hidrocarburífera y cualquier actividad que pueda afectar la dinámica natural del hielo o contaminar el agua. Además, creó el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Ianigla, que identificó 16.968 cuerpos de hielo en Argentina, con una superficie total de 8.484 km².
Los datos científicos recientes agregan preocupación: en la última década se registró un retroceso significativo de los glaciares, con reducciones del 17% en algunas zonas del noroeste argentino. El cambio climático aparece como el principal factor detrás de esta tendencia.
En este contexto, el debate trasciende lo técnico. Los glaciares funcionan como verdaderos reservorios naturales de agua, liberando recursos hídricos de forma gradual y sosteniendo ecosistemas y comunidades a cientos de kilómetros. Su protección impacta directamente en el abastecimiento de agua, la biodiversidad y el equilibrio ambiental.
El nuevo esquema, que habilita a las provincias a definir el alcance de la protección, también abre interrogantes jurídicos. Especialistas advierten que podría entrar en tensión con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece los presupuestos mínimos ambientales de alcance federal.
Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta para impulsar inversiones, la oposición y sectores ambientalistas plantean un escenario de conflictividad creciente. El eje de la discusión ya está instalado: desarrollo económico versus preservación de uno de los recursos más estratégicos del país.
