Emergencia Nacional en Discapacidad: el Gobierno promulgó la ley pero suspendió su aplicación por falta de fondos
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero dispuso que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso asigne las partidas presupuestarias necesarias. Así lo establece el Decreto 681/2025, en línea con lo que marcan la Ley 24.629 (toda norma con gasto queda en suspenso hasta tener créditos asignados) y la Ley 24.156 (obligación de precisar financiamiento).
El Gobierno recordó que el Presupuesto 2026 fue enviado al Parlamento el 15 de septiembre y que allí se deben definir los recursos para ejecutar la norma. La ley había sido inicialmente vetada en agosto (Decreto 534/25), pero el Congreso insistió con dos tercios en ambas cámaras y forzó su promulgación.
Qué establece la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad
Aunque por el momento no puede ejecutarse, la normativa contiene disposiciones clave:
- Emergencia nacional hasta el 31/12/2026, con posibilidad de prórroga por un año.
- Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social: equivalente al 70% del haber mínimo, con actualización previsional y compatibilidad laboral hasta 2 salarios mínimos. Se prevé la conversión automática de las pensiones vigentes.
- Cobertura de salud garantizada a través del Programa Incluir Salud y las prestaciones establecidas en la Ley 24.901.
- Compensación económica a prestadores por la diferencia entre aranceles y la inflación de 2024, además de un esquema de movilidad mensual de aranceles.
- Incentivos a la contratación laboral: ampliación a tres años de la exención del 50% de contribuciones patronales para empleadores que incorporen personas con discapacidad.
- Fortalecimiento de ANDIS, con auditorías más transparentes, mejoras en el Certificado Único de Discapacidad y la obligación de informes anuales de ejecución.
El costo fiscal de la ley y los números oficiales
El propio Ejecutivo informó las siguientes proyecciones:
- PNC por Discapacidad: $2,16 billones en 2025 (0,26% del PBI) y $4,70 billones en 2026 (0,47% del PBI).
- Programa Incluir Salud: $574.200 millones en 2025 (0,07% del PBI) y $1,23 billones en 2026 (0,12% del PBI).
- Compensación a prestadores: $278.323 millones en 2025 (0,03% del PBI).
- Necesidad total de crédito en 2025: $3,01 billones (0,35% del PBI).
El crédito disponible sin afectar otros programas de Servicios Sociales es de $2,30 billones, lo que resulta insuficiente para cubrir la totalidad de la ley.
Qué queda suspendido hasta que se asignen partidas
Mientras el Congreso no disponga de financiamiento, las siguientes medidas permanecerán frenadas:
- Nuevas altas de la PNC por Discapacidad y la conversión automática de pensiones vigentes.
- Compatibilidad con empleo formal y rehabilitaciones inmediatas.
- Compensaciones económicas a prestadores de la Ley 24.901.
- Incorporaciones a Incluir Salud en el marco de la nueva pensión.
- Despliegue operativo de ANDIS con auditorías y metas de transparencia.
Una ley promulgada pero sin ejecución inmediata
El escenario abre un debate político y social: la ley fue promulgada, pero no podrá aplicarse hasta que el Congreso defina los recursos. El desafío ahora recae en la discusión del Presupuesto 2026, donde se resolverá si la emergencia en discapacidad se convierte en una política activa o queda como una norma en suspenso.
