El Gobierno sepulta el Pro.Cre.Ar: los créditos de vivienda pasan a manos privadas
En silencio, y con una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional avanzó con la disolución definitiva del Fondo Fiduciario Pro.Cre.Ar, el histórico programa de créditos para la vivienda familiar lanzado en 2012. La decisión forma parte del paquete de reformas impulsadas bajo la Ley de Emergencia Pública y responde a un argumento económico: el Pro.Cre.Ar, dicen, se había vuelto una “pesada carga” para el Estado.
La Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, firmada días atrás, oficializa el traspaso operativo de funciones y detalla que los créditos vigentes serán administrados en adelante por el Banco Hipotecario S.A., bajo las condiciones del contrato original.
Un cierre anunciado
El programa había sido apuntado por el Decreto 1018/2024, que ya anticipaba su final: “La financiación de viviendas es una tarea propia de la banca comercial”, señaló el Ejecutivo en aquella ocasión, minimizando la necesidad de intervención estatal en el rubro habitacional.
La decisión se apoya, además, en un informe crítico de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que detectó fallas estructurales: retrasos en las entregas, reclamos por falta de condiciones de habitabilidad, incumplimientos de convenios —como el suscripto con la UTN— y manuales sin actualizar. La SIGEN fue categórica: la gestión no fue ni “eficiente” ni “transparente”.
¿Qué pasará con los créditos?
Los créditos ya otorgados seguirán activos, pero su administración quedará en manos del Banco Hipotecario, que transferirá los fondos cobrados al Tesoro Nacional, descontando su retribución. Además, se autorizó a vender aquellas carteras de préstamos con rendimiento menor al 40%.
El Ministerio de Economía tomará el control de los bienes inmuebles y muebles del fondo. En caso de propiedades originalmente aportadas por provincias o municipios, podrá acordarse su devolución parcial o total.
Por su parte, los inmuebles no afectados a obras en curso pasarán a ser gestionados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a través de convenios con el Banco Hipotecario y la Secretaría de Obras Públicas.
Judicialización, contratos y el final operativo
Las causas judiciales relacionadas al programa serán absorbidas por el área jurídica del Ministerio de Economía, que además será responsable de regularizar los dominios y disponer de los inmuebles. También podrá transferir unidades habitacionales a provincias, municipios o entes estatales.
La liquidación seguirá los criterios del Contrato de Fideicomiso original de 2012, el Decreto 1018/2024, y las disposiciones complementarias como el Decreto 695/24 y la Resolución 796/24.
¿Qué queda del Pro.Cre.Ar?
Una marca que significó para miles la posibilidad concreta de tener su primera vivienda. Hoy, reducido a una serie de activos, contratos pendientes y propiedades en transición. Su espíritu fundacional —el acceso popular al crédito hipotecario con apoyo estatal— queda desarticulado, en nombre de la eficiencia y la austeridad.
