Qué glaciares dejarían de estar protegidos con la nueva Ley de Glaciares y por qué crece la preocupación
La reforma de la Ley de Glaciares aprobada en la Cámara de Diputados introduce un cambio de fondo en el esquema de protección ambiental en la Argentina: ya no todos los cuerpos de hielo estarán alcanzados por las restricciones vigentes hasta ahora.
El nuevo criterio establece que solo serán considerados protegidos aquellos glaciares que cumplan una “función hídrica efectiva”, es decir, que aporten de manera comprobable agua a cuencas relevantes. La modificación, impulsada por el oficialismo, redefine así el alcance de una norma que desde 2010 resguardaba sin distinción a todos los glaciares y al ambiente periglacial.
En términos concretos, esto implica que podrían quedar fuera de la protección legal aquellos glaciares de menor tamaño, los que no tengan un impacto directo verificado en el abastecimiento de agua y ciertos cuerpos cubiertos por escombros que no sean considerados estratégicos. También se reduce el alcance sobre zonas periglaciares, que hasta ahora funcionaban como áreas de resguardo amplio.
El cambio no es solo técnico. La reforma introduce un giro en la autoridad de aplicación: serán las provincias las que definan, caso por caso, qué glaciares conservar y en cuáles habilitar actividades productivas. Este punto genera uno de los principales focos de tensión, ya que rompe con el criterio de protección mínima nacional establecido en la legislación ambiental.
Especialistas en derecho ambiental advierten que este nuevo esquema puede entrar en conflicto con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece la potestad del Congreso para fijar presupuestos mínimos de protección ambiental. Bajo la nueva lógica, ese piso común podría fragmentarse según las decisiones de cada jurisdicción.
El impacto potencial se proyecta sobre la actividad minera. Al acotar el universo de glaciares protegidos, la reforma abre la posibilidad de avanzar con proyectos extractivos en zonas que antes estaban vedadas por ley. Desde el Gobierno sostienen que la normativa vigente generaba interpretaciones que frenaban inversiones incluso en áreas sin relevancia hídrica.
Del otro lado, organizaciones ambientalistas y sectores científicos alertan sobre una reducción en la superficie protegida y advierten que el criterio de “función hídrica” puede resultar ambiguo o insuficiente para garantizar la preservación de estos ecosistemas. Subrayan, además, que los glaciares cumplen un rol clave como reservas de agua dulce, especialmente en contextos de sequía y cambio climático.
Según datos del Inventario Nacional de Glaciares, en la Argentina existen 16.968 cuerpos de hielo distribuidos principalmente a lo largo de la Cordillera de los Andes. En los últimos años, distintos estudios registraron retrocesos significativos en varias regiones, lo que refuerza la centralidad del debate.
Con la reforma en marcha, el interrogante ya no gira únicamente en torno a la cantidad de glaciares, sino a cuáles de ellos continuarán bajo protección efectiva y bajo qué criterios. La discusión, atravesada por intereses económicos, ambientales y políticos, anticipa un escenario de controversia que recién empieza.
