La Justicia la quería en silencio, la calle vuelve a hablar: marcha por Cristina a Plaza de Mayo
Sin cámaras en los pasillos de Comodoro Py ni marchas en los alrededores de Tribunales, Cristina Fernández de Kirchner comenzó a cumplir la pena impuesta por la Causa Vialidad desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal que la juzgó, que revocó la citación inicial a sede judicial y resolvió que la exmandataria permanezca bajo arresto domiciliario, aún cuando los fiscales habían objetado expresamente esta posibilidad.
La movilización que se esperaba para este lunes se desinfló como acto de acompañamiento, pero se reconvirtió en vigilia. Militantes se concentran en las inmediaciones de la vivienda de la ex presidenta y una nueva marcha está convocada para las 14 horas, rumbo a Plaza de Mayo. El operativo de seguridad quedó en manos compartidas entre fuerzas federales y la Policía de la Ciudad, luego de que el gobierno porteño solicitara al tribunal la implementación de “medidas excepcionales para garantizar el orden público y los servicios urbanos”.
La decisión judicial establece que Cristina deberá usar una tobillera electrónica –siempre que el Servicio Penitenciario así lo determine–, restringir las visitas a su domicilio y abstenerse de generar cualquier conducta que altere la tranquilidad de sus vecinos. En ese marco, según relató la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ya no habrá más saludos desde el balcón. Fue ella quien transmitió públicamente que CFK acatará la orden judicial y dará por terminados esos gestos simbólicos que, durante años, supieron cargarse de liturgia y mensaje político.
En paralelo, voces críticas advierten sobre el tratamiento diferencial que reciben los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Según la diputada Myriam Bregman, de los 498 genocidas con prisión domiciliaria, sólo el 16% cumple la pena con tobillera electrónica. La periodista Luciana Bertoia, por su parte, destacó que al represor Jorge Olivera –también beneficiado con arresto domiciliario– no se le exigió presentar listado de visitas, como sí se le exige a Fernández de Kirchner.
Mientras el frente judicial se reorganiza, el frente político muestra señales de tensión contenida. Ayer se presentó ante la Justicia el exsecretario de Obras Públicas José López, en otra causa de alto voltaje. En paralelo, la CGT suspendió la reunión prevista en la sede del Partido Justicialista y liberó a los sindicatos para que definan su propia estrategia ante el nuevo escenario.
Cristina Fernández ya no está en la primera línea del poder, pero sigue siendo un punto de fuga inevitable para la política argentina. Desde un departamento de Constitución, el reloj institucional vuelve a correr. La calle observa.
