Infancias en el limbo: Diputada Carrizo impulsa una ley nacional para la restitución internacional de menores

El martes 1° de julio a las 11 h, el Salón Blanco del Congreso fue sede de una jornada legislativa clave para los derechos de la infancia. Bajo el título “Restitución Internacional de menores: debates y propuestas para una ley nacional”, las diputadas Soledad Carrizo y Florencia De Sensi presentaron proyectos de ley que buscan unificar y agilizar los procesos de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, así como los regímenes de visitas o contacto internacional.

La propuesta no es menor: se trata de dar respuesta concreta y legal a una deuda histórica. Hoy, sin una ley nacional que regule de manera uniforme estos procedimientos, las infancias atrapadas en conflictos parentales transnacionales quedan expuestas a incertidumbres, trámites desiguales y fallos judiciales que llegan tarde, cuando ya nada puede repararse del todo.

“Los niños no pueden esperar”

La diputada Soledad Carrizo, autora del proyecto (Exp. 3290-D-2024), abrió la jornada con una afirmación contundente:

“Esta es una deuda con las infancias, con la desprotección que generamos a niños, niñas y adolescentes… queremos lograr un protocolo para su restitución cuando han sido sustraídos del país de forma ilegal o retenidos más allá de lo permitido”.

A su lado, Florencia De Sensi, coautora de un segundo proyecto (Exp. 3879-D-2024), subrayó la urgencia de unificar el criterio:

“Hoy tenemos un sistema fragmentado. Algunas provincias han adherido al Protocolo, otras no tienen herramientas. Esto genera demoras y, peor aún, incumplimientos. El Congreso debe estar a la altura”.

Un reclamo desde la justicia, la diplomacia y la experiencia

El encuentro contó con la participación de funcionarias clave, juezas, docentes de derecho y figuras con una fuerte carga simbólica, como Gabriela Arias Uriburu, quien atravesó en carne propia un proceso de restitución internacional que conmocionó al país.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Aldana Roar y Yamila Barberis coincidieron en la necesidad de una legislación que articule las jurisdicciones provinciales y garantice un lenguaje común entre países. “Los convenios internacionales son puentes, no barreras”, dijo Roar. Para Barberis, sin unificación legislativa, “la justicia infantil es una promesa vacía”.

La jueza Graciela Tagle, referente nacional en la Red de Jueces de La Haya, citó los avances de Córdoba y Uruguay como ejemplos de eficacia legal y compromiso institucional:

“Los jueces deben ser directores activos del proceso. La justicia tardía no es justicia”.

La académica Mariela Rabino fue clara:

“No se trata de adherir a lo que ya existe. Se trata de construir una ley uniforme, con faros visibles, que proteja derechos y no los vulnere”.

El trauma de los niños, en primera persona

Gabriela Arias Uriburu aportó el testimonio más crudo y humano:

“Un niño arrancado por la Interpol, sin entender nada, luego vuelto a arrancar por la justicia. ¿Quién repara eso? Sin un protocolo real, no podemos protegerlos”.

Su relato no solo recordó la gravedad de estos casos, sino también la responsabilidad de los adultos, de la política y del sistema judicial. “Pusimos a los niños en el centro. ¿Por qué dejamos de hacerlo?”, preguntó.

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Una ley para que los chicos no esperen más

La restitución internacional de menores no puede seguir dependiendo del código procesal de cada provincia ni de la buena voluntad de cada juez. La infancia necesita herramientas claras, ágiles y humanizadas. Estos proyectos de ley, que retoman trabajos anteriores y suman miradas actuales, pueden ser el inicio de una respuesta estatal a la altura del daño que se intenta reparar.

Argentina ya asumió compromisos internacionales. Ahora, tiene que cumplirlos.