La Corte Suprema de Justicia ratificó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa por irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz. El fallo fue firmado por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron uno por uno los argumentos presentados por la defensa.
Con esta decisión, el expediente será remitido de inmediato al Tribunal Oral Federal N°2, que deberá ejecutar la sentencia. En ese marco, el tribunal podría ordenar que la ex mandataria se presente en los tribunales de Comodoro Py para quedar formalmente detenida.
Sin embargo, por tratarse de una persona mayor de 70 años, Cristina Kirchner podrá solicitar cumplir la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Entre los posibles domicilios figuran el departamento que ocupa en el barrio porteño de Constitución —al que se trasladó tras el intento de atentado del 1° de septiembre de 2022—, su casa en El Calafate o cualquier otra propiedad que defina como residencia habitual. El domicilio propuesto deberá ser evaluado mediante informes socioambientales.
Mientras tanto, el peronismo analiza distintas estrategias para repudiar el fallo del máximo tribunal. Entre ellas se barajan la emisión de un documento conjunto, la convocatoria a una movilización masiva e incluso la posibilidad de recurrir a instancias internacionales.
En el plano político, el impacto es inmediato: la inhabilitación firme impide que Cristina Fernández de Kirchner se postule a cargos públicos, dejando sin efecto su reciente anuncio de ser candidata a diputada por la Tercera Sección Electoral bonaerense en los comicios desdoblados del 7 de septiembre.
El fallo de la Corte no sólo consolida la sentencia dictada en diciembre de 2022 por el TOF N°2, sino que se inscribe en un clima de fuerte tensión entre el oficialismo y el Poder Judicial. Desde el PJ denuncian que se trata de una maniobra de “proscripción judicial” y aseguran que la decisión judicial reconfigura el escenario electoral a tres meses de los comicios legislativos.
