La jornada en el Congreso parecía escrita de antemano, como un choque inevitable entre dos visiones de país. De un lado, la voluntad presidencial de imponer su decisión; del otro, un Senado dispuesto a marcar límites en defensa de una norma sensible. En ese escenario cargado de tensiones, la política volvió a desplegar su teatro mayor.
Este jueves, la Cámara alta rechazó con 63 votos afirmativos y 7 negativos el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, convirtiéndola definitivamente en ley. La decisión se tomó en medio de la presión del gobierno de Javier Milei, que buscaba dejarla sin efecto. El resultado significó un golpe político al oficialismo y un triunfo para las organizaciones de discapacidad, que venían reclamando la continuidad de los beneficios y la atención del Estado en un contexto económico crítico.
La sesión no se agotó en ese tema. En paralelo, el Senado abrió el debate para modificar la normativa de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), un instrumento que ha sido eje de controversia en todos los gobiernos y que el actual presidente ha utilizado con intensidad.
Un antecedente clave en Diputados
El capítulo final de la ley de discapacidad se selló después de lo ocurrido en la Cámara baja el pasado 20 de agosto, cuando con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones también se había rechazado el veto. En aquella sesión, el quórum fue posible gracias al aporte inesperado de dos diputados de La Libertad Avanza, Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, lo que generó incomodidad en el oficialismo.
