Universidades le torcieron el brazo a Milei: Diputados aprobó la ley que la Rosada odia
Con 158 votos afirmativos, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que garantiza y actualiza los fondos para las universidades públicas. El resultado: un golpe directo al corazón del relato libertario y una señal de que el Congreso puede hacer ruido incluso sin el oficialismo.
La ley, redactada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), será girada al Senado, donde también se anticipa respaldo mayoritario, incluso de sectores aliados al Gobierno. El texto propone elevar el presupuesto universitario al 1% del PBI, actualizarlo bimestralmente por inflación y convocar paritarias para docentes y no docentes.
También se contempla una suma especial para crear carreras estratégicas y fortalecer áreas clave como hospitales universitarios, ciencia, técnica y extensión. La recomposición salarial deberá compensar el desfasaje inflacionario desde diciembre de 2023, y desde enero se actualizará por IPC cada dos meses.
Choque de modelos
Desde Unión por la Patria, la diputada Blanca Osuna fue clara: “El sistema educativo está vapuleado. Este es el presupuesto más bajo en dos décadas”.
Danya Tavela (Democracia para Siempre) recordó que gran parte del Congreso se formó en la universidad pública: “Es una deuda moral con quienes nos dieron esa oportunidad”, dijo, y acusó al Gobierno de ser “corrupto e insensible”.
Desde La Libertad Avanza, Mercedes Llano criticó el proyecto por incluir “recomposiciones retroactivas” sin fuentes claras de financiamiento. Carlos Zapata lo tildó de “antojadizo” y “traído de los pelos”. El argumento: pone en riesgo el “déficit cero” y viola la Ley de Administración Financiera.
La respuesta la dio el radical Martín Tetaz: “No hay ningún gasto nuevo. No se crean universidades nuevas, no hay expansión. Se actualiza lo que ya existe”. El eje, para la oposición, no es sólo presupuestario, es filosófico y político.
El fondo de la discusión
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) no anduvo con vueltas: “La crisis universitaria fue deliberada. Este Gobierno desprecia la educación pública. No es un error técnico, es una decisión”.
Según el proyecto aprobado, también se exigirá control y auditoría: la AGN deberá fiscalizar el uso de fondos de todas las universidades estatales y enviar informes al Congreso.
Mientras tanto, desde las redes oficiales de La Libertad Avanza la respuesta fue escueta y contundente:
“El superávit fiscal no se negocia”.
