En una sesión cargada de tensión, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la emergencia del Hospital Garrahan. Con 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, la iniciativa superó los dos tercios necesarios para intentar blindarla ante un eventual veto presidencial.
Es el segundo revés legislativo en una misma jornada para el Gobierno, que también sufrió la aprobación de un aumento presupuestario para las universidades nacionales. Ambas leyes, impulsadas por la oposición, marcan un nuevo nivel de confrontación en el Congreso.
La emergencia para el Garrahan —que ahora debe tratar el Senado— fue respaldada por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda, parte del radicalismo y bloques provinciales como Producción y Trabajo (San Juan). También acompañaron monobloques como el de Lourdes Arrieta y Mario Barletta.
El oficialismo y sus aliados más duros —La Libertad Avanza, el PRO, y los radicales “peluca” de la Liga del Interior— votaron en contra. Desde el Ejecutivo ya advirtieron que no avalan la medida, que implica 133 mil millones de pesos anuales, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
“El Garrahan está en riesgo”
El debate lo abrió el diputado Pablo Yedlin (UxP), quien advirtió que está en juego la continuidad de la atención pediátrica más compleja del país. Recordó que en 2024 el Garrahan atendió a 350 mil niños y niñas de todo el país, y que la mitad de los trasplantes pediátricos se realizan allí. “No hay otro lugar donde puedan ser tratados”, dijo.
Facundo Manes, médico y diputado, también pidió respaldo a la ley: “En el Garrahan se lucha todos los días con humanidad y ciencia. No se atienden números, se salvan vidas. La salud pública es una política de desarrollo, no un gasto”.
Cruces duros y acusaciones
Desde el oficialismo, la libertaria Juliana Santillán acusó a la oposición de “montar una ingeniería legal para instalar estructuras kirchneristas”. Defendió el ajuste: “Ya no se gasta sin control mientras faltan médicos”.
La radical Gabriela Brouwer de Koning defendió la ley, pero con reparos: “El Garrahan es la única esperanza de muchos chicos, pero el Estado debe garantizar eficiencia y control. Nosotros proponemos una alternativa que no genere más gasto, sino reasigne partidas”.
¿Qué dice la ley?
El proyecto declara la emergencia por un año en los hospitales pediátricos públicos y ordena garantizar acceso “efectivo, oportuno y de calidad”. Incluye una recomposición salarial inmediata para todo el personal —incluidos residentes—, que no podrá ser menor a los niveles reales de noviembre de 2023. También exime del impuesto a las Ganancias a quienes cumplan funciones críticas o hagan guardias.
Se habilita al Ejecutivo a reasignar partidas del Ministerio de Salud y, si hiciera falta, a usar reservas para contingencias sanitarias.
Un informe oficial difundido la víspera estimó que la medida costará $65.573 millones entre julio y diciembre, con una proyección anual de más de $133 mil millones. Sin embargo, advirtieron que no existen hoy fondos específicos para cubrir esa emergencia.
